La renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llega este martes a su primer aniversario con 163 sesiones públicas y más de 2 mil 600 asuntos atendidos. Durante este primer año, el máximo tribunal ha mostrado un cambio de enfoque, particularmente en temas relacionados con los derechos de comunidades indígenas y afromexicanas, además de resolver importantes litigios fiscales que permanecían pendientes y pronunciarse sobre reformas impulsadas durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. En algunos casos, sus resoluciones han favorecido a ambos gobiernos, mientras que en otros han resultado contrarias a sus intereses.
Durante sus primeros meses, la nueva integración de la Corte permitió avanzar en expedientes que llevaban tiempo pendientes. Entre ellos destacan los relacionados con empresas de Ricardo Salinas Pliego, a las cuales se les confirmaron créditos fiscales superiores a 48 mil 326 millones de pesos.
El máximo tribunal también estableció nuevos criterios en asuntos relacionados con lavado de dinero, abuso sexual infantil, empresas factureras, violencia vicaria y derecho al agua. Sin embargo, todavía existen temas pendientes de resolución, entre ellos la prisión preventiva oficiosa.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, consideró que el desempeño de la nueva integración del tribunal durante su primer año ha sido “sumamente positivo”. No obstante, reconoció que uno de los principales desafíos será llevar esta nueva perspectiva al resto del Poder Judicial de la Federación (PJF), institución que aún enfrenta una importante cantidad de asuntos pendientes y una elevada carga de trabajo.
En entrevista con La Jornada, Aguilar Ortiz sostuvo que quedó atrás la idea de que los ministros podían trabajar de manera aislada y resolver los asuntos sin mantener diálogo con otros sectores.
“Esto de volver a cerrar las puertas de la Corte, cerrar los cubículos de los ministros y pensar que sin diálogo va a ser iluminado el ministro para encontrar las mejores soluciones, se acabó. Eso se queda en el pasado”, afirmó.
El ministro presidente explicó que la actual integración recibió más de mil 400 expedientes que se encontraban rezagados, algunos de ellos con hasta seis años dentro del archivo. Según detalló, para los primeros días de septiembre únicamente permanecían pendientes 56 asuntos.
Respecto a la prisión preventiva oficiosa, Aguilar Ortiz manifestó su expectativa de que el tema pueda ser resuelto antes de que termine el año. “Sí, yo espero que lo saquemos en este año”, señaló.
Decisiones de mayor relevancia
Entre las resoluciones adoptadas durante este primer año, la SCJN reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como terceros interesados en controversias constitucionales cuando sus derechos puedan verse afectados. Desde septiembre, el tribunal ha resuelto 56 asuntos vinculados con estas comunidades, principalmente en materia de consulta, cuestiones agrarias y protección del medio ambiente.
La Corte también respaldó la desaparición de 109 fondos y fideicomisos federales establecida en 2020. Asimismo, determinó límites para el cobro de intereses derivados de créditos fiscales pagados en exceso y reconoció la posibilidad de solicitar una pensión compensatoria por concubinato incluso después del fallecimiento de la pareja.
En materia de seguridad financiera, el tribunal avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda ordenar el congelamiento de cuentas bancarias sin una orden judicial o una solicitud internacional cuando existan “indicios suficientes” de operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Otro de sus criterios buscó proteger a menores víctimas de abuso sexual al impedir que fueran sometidos nuevamente a interrogatorios. También rechazó que agentes aduaneros obtuvieran suspensiones para evitar presentar sus declaraciones patrimoniales.
En otro caso, la Corte concedió un amparo a ejidatarios de San Salvador Atenco y reconoció su derecho a recibir una “retribución económica” por las afectaciones ocasionadas por el decreto emitido en 2022 relacionado con el Lago de Texcoco.
Entre las resoluciones consideradas de mayor impacto social se encuentran aquellas relacionadas con el derecho al agua. La SCJN ordenó establecer medidas para garantizar el suministro del líquido en asentamientos irregulares de Chihuahua y en comunidades de Ecatepec que enfrentan rezago histórico.
Además, ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) implementar acciones frente a los riesgos derivados de la contaminación del agua y del uso de glifosato en comunidades mayas de Hopelchén, Campeche.
