Frente a una nueva ofensiva proveniente de Estados Unidos, derivada de la «apropiación» por parte del gobierno de Texas de nueve islas situadas en la frontera con México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que los límites fronterizos no pueden ser modificados. En un pronunciamiento público, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que la frontera común con Estados Unidos «no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional».
De esta manera, la cancillería respondió a las declaraciones de autoridades texanas que «designaron» nueve islas ubicadas en la frontera acuática entre México y Estados Unidos, en el río Bravo, como propiedad del estado de Texas, lo que permite al ejército estadounidense acceder a estos pequeños territorios acuáticos «con el fin de mantener la seguridad operativa» de la frontera sur y eliminar posibles escondites de narcotraficantes, según informó la comisionada de Tierras del Estado, Dawn Buckingham. El Tratado de 1970 y la CILA, las únicas instancias legales sobre los límites fronterizos
En respuesta, la SRE aclaró que el Tratado de Límites de 1970 entre ambas naciones establece que, en el río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal de ese afluente.
«Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras», precisó. La dependencia a cargo del canciller Roberto Velasco Álvarez subrayó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla. «Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución».
Asimismo, remarcó que conforme al Tratado, ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.
La cancillería sostuvo que el gobierno mexicano dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reiteró su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos.
En un documento, la funcionaria texana afirmó que las nuevas islas «pertenecen» a su estado.
Afirmó que, tras recibir una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos respecto a 28 islas dentro del río Bravo, a la altura de su territorio entre Laredo y McAllen, que anteriormente se consideraban «no reclamadas o cuya propiedad no se había establecido», la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) determinó que podrán acceder a las islas para realizar tareas de limpieza y patrullaje.
