la oposición detectó en el INE un nuevo frente para cuestionar el eventual uso electoral de los programas sociales de cara a 2027.
Esto ocurre apenas unos días después de que el instituto electoral eliminara la revisión automática que permitía identificar si entre los aspirantes a observadores electorales figuraban operadores de programas sociales. Casi al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que dichos apoyos no se emplean como instrumento de presión electoral.
No obstante, desde el PAN surge una pregunta: si los programas no tienen un uso político, ¿por qué retirar precisamente uno de los mecanismos que servían para verificar quiénes están detrás de la observación electoral?
El asunto es especialmente relevante porque la prohibición en sí no desapareció. Los llamados Servidores de la Nación y demás operadores de programas sociales siguen impedidos para participar como observadores electorales; lo que resolvió el INE fue suspender el cruce automático de bases de datos y sustituirlo por la declaración bajo protesta de decir verdad de cada solicitante. Incluso al interior del propio instituto hubo consejeros que alertaron sobre los riesgos de eliminar esa verificación.
Por ello, en Acción Nacional ya visualizan este tema como una oportunidad para aprovechar la contradicción política rumbo a 2027: mientras Palacio Nacional sostiene que los programas no condicionan el voto, el INE acaba de flexibilizar uno de los filtros diseñados precisamente para mantener a sus operadores alejados de la observación electoral.
