La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los jueces federales ya no podrán ordenar, mediante una suspensión de amparo, la liberación total de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera cuando exista riesgo de que esos recursos estén relacionados con operaciones de procedencia ilícita.
La decisión fue tomada por mayoría al revocar una suspensión concedida en 2025 a una persona que había impugnado el congelamiento de varias cuentas. Con este criterio, la Corte dejó atrás jurisprudencias anteriores que permitían recuperar temporalmente el acceso a recursos mientras se resolvía el juicio de amparo.
El nuevo criterio establece que mantener inmovilizados los recursos puede ser necesario para proteger el interés público y evitar que dinero bajo investigación continúe circulando dentro del sistema financiero. Además, se relaciona con reformas recientes a la Ley de Amparo, que restringen las suspensiones cuando puedan facilitar operaciones ilícitas.
La Corte aclaró que el bloqueo de cuentas es una medida preventiva y no significa que la persona afectada sea culpable de un delito. Los jueces todavía podrán revisar si la UIF presentó elementos suficientes para justificar el congelamiento, pero ya no podrán ordenar la liberación total del dinero mediante una suspensión.
En el caso analizado, la UIF presentó indicios sobre posibles vínculos financieros con una organización criminal, así como movimientos y transferencias que consideró relevantes para la investigación. El fallo refuerza así las facultades de la UIF, aunque mantiene la obligación de que sus decisiones puedan ser revisadas judicialmente.
