Con 331 votos a favor, 118 en contra y cero abstenciones, los diputados de Morena, PT y Partido Verde aprobaron en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos para 2027 en la Cámara de Diputados. El proyecto proyecta una recaudación superior a los 10 billones de pesos —de los cuales 6.2 billones provendrán de impuestos—, pero generó fuertes cuestionamientos de la oposición debido a la autorización de endeudamiento interno por un billón 700 mil millones de pesos y externo por hasta 13 mil 500 millones de dólares.
Críticas por el endeudamiento y el gasto público
Los partidos de oposición recriminaron que el destino de los recursos derivados de la deuda no está debidamente especificado y señalaron que se utilizará para gasto corriente en lugar de infraestructura.
Movimiento Ciudadano: La diputada Patricia Flores Elizondo advirtió que el país terminará pagando más en intereses de lo que destinará a la construcción de obras.
PAN: La legisladora Eva María Vázquez Hernández criticó que se destinen 1.6 billones de pesos al pago de intereses de la deuda pública frente a solo 1.03 billones para inversión física, cuestionando el uso de recursos para cubrir pasivos en lugar de atender problemas de salud o apoyar a familias afectadas por huracanes.
PRI: El diputado Emilio Suárez Licona argumentó que las medidas de digitalización y los cambios fiscales del gobierno han fallado, ya que la recaudación del ISR no ha alcanzado las metas previstas en los últimos dos semestres.
Por su parte, los legisladores de Morena y sus aliados defendieron el dictamen asegurando que no se contemplan incrementos ni nuevos impuestos. El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, reconoció que los recursos esperados no bastan para cubrir todas las necesidades de la nación, pero sostuvo que se cumple el compromiso de no aumentar las cargas tributarias.
Modificaciones y aprobación de reservas
Durante la discusión en lo particular, el bloque oficialista rechazó las propuestas de la oposición, aprobando únicamente la reserva presentada por el morenista Ricardo Monreal —derivada de reuniones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el sector privado.
La modificación al artículo 21 transitorio establece un estímulo fiscal para deudores del fisco con ingresos menores a 300 millones de pesos anuales, eliminando multas, recargos y gastos de ejecución. Monreal aseguró que la medida no representa una condonación de impuestos, ya que el beneficio está condicionado al pago previo del adeudo principal, lo cual favorecería a unos 30 millones de contribuyentes, principalmente pequeñas y medianas empresas.
No obstante, la oposición rechazó enfáticamente la medida:
Federico Döring (PAN) catalogó la propuesta como una condonación inconstitucional que beneficiaría a empresarios afines y a créditos vinculados al huachicol a través de la Agencia Nacional de Aduanas.
Emilio Suárez Licona (PRI) calificó el estímulo como un perdón fiscal disfrazado, acusando al oficialismo de favorecer a los empresarios mientras se niega a eliminar el cobro del ISR sobre el aguinaldo de los ciudadanos.
