Ante las voces de la oposición e incluso de algunos legisladores de Morena que exigen juicio político y sanciones penales contra la ex titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades conforme a la ley y al debido proceso.
«Los problemas administrativos deben de ser juzgados conforme a la ley, sin impunidad, sin privilegios, se debe de seguir ese camino», recalcó el también coordinador del grupo mayoritario en esa cámara.
Pidió que las investigaciones no manchen el proceso electoral ni desvíen la atención de los preparativos de los próximos comicios.
Oposición exige sanciones penales
En contraste, en entrevistas por separado, los coordinadores del PAN y Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Anaya y Clemente Castañeda, coincidieron en exigir que Taddei sea juzgada y se le aplique todo el peso de la ley, a fin de que las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del instituto no queden impunes.
«Debe estar tras las rejas», recalcó Castañeda, mientras que el panista Anaya coincidió en que lo documentado hasta el momento sobre la asignación de contratos a Alfredo Hernández Casillas amerita una pena de prisión.
Ambos insistieron en que la conducta atribuida a Taddei y a su grupo no debe derivar únicamente en sanciones administrativas.
El coordinador de MC exigió que, además de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control del INE, participe también la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la sesión, la panista Gina Geraldina Campuzano resaltó que no basta con la renuncia de Taddei, quien «tiene que pagar con la cárcel».
Mier plantea revisar procedimientos de contratación del INE
Por separado, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, insistió en que se permita actuar a las autoridades competentes.
A su juicio, se requiere una revisión profunda de los procedimientos de contratación, adjudicación y licitación del instituto, porque, expuso, las reglas administrativas establecidas a partir de la reforma electoral de 2014 favorecieron la centralización de recursos y generaron condiciones que podrían beneficiar a determinados proveedores.
Añadió que es necesario examinar los manuales, lineamientos y requisitos utilizados para contratar bienes y servicios, así como eliminar la intervención de intermediarios.
