La mayoría de los diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general la llamada «Ley Antimemes», con la que se busca imponer multas y cárcel a quienes modifiquen la identidad gráfica de instituciones del gobierno para inducir al error o engaño.
Esta fue aprobada en lo general con 312 votos a favor, 119 en contra y 0 abstenciones, y en lo particular con 281 votos a favor, 87 en contra y 0 abstenciones, rechazando cada reserva presentada. Será remitida al Ejecutivo Federal. La reforma propuesta por Claudia Sheinbaum se aplica al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la que se agrega el artículo 403 Bis, el cual establece que se impondrá de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización a quien utilice, reproduzca e imite a escala comercial la identidad gráfica institucional para inducir al error o engaño.
Dicho artículo generó polémica debido a que la oposición advirtió que con esta disposición se daba pie a que ciudadanos que realizaran memes, parodias o sátiras al gobierno fueran encarcelados, permitiendo la censura de forma institucional. Por ello pidieron posponer la discusión y regresar el dictamen a Comisiones para ser modificada. Mientras que las bancadas de Morena, PT y Partido Verde alegaron que estos cambios buscan detener las estafas y engaños a través del uso de la identidad gráfica del gobierno. Oposición acusa ambigüedad en ‘Ley Antimemes’
Una de las principales quejas fue la negativa de Morena a incluir en la reforma una especificación: excluir memes y contenido paródico contra el gobierno, dando pie a la ambigüedad. El diputado de MC, Gibrán Ramírez, señaló que el mayor problema dentro de la reforma es la amplitud de los términos del artículo 403 Bis, pues no establece los criterios para determinar cuándo hay intención para cometer el delito. Además, criticó que, aunque Morena niega que haya censura, rechace agregar en la reforma dicha exclusión.
«Uno pensaría que si actúan de buena fe así lo harían, lo incluirían, pero esa ausencia deja lugar a que censuren a periodistas, caricaturistas y ciudadanos», señalando que casos de censura en el gobierno ya se han dado en Campeche, Sonora y Puebla. Rubén Moreira del PRI, por su parte, pidió que se suspendiera la discusión para que el dictamen fuese discutido en parlamento abierto al ser un tema que incumbe a la ciudadanía. «Pasarán ustedes a la historia como aquellos que cercenaron la libertad de expresión», sentenció.
Juan Zavala, coordinador de la bancada de MC, por otro lado, insinuó además que habría detrás un objetivo electoral al aprobarse previo a las elecciones del 2027. «No podemos avalar así una ley así por ningún motivo. Desgraciadamente Morena se ha convertido en lo que juró destruir: el priismo», señaló en su intervención.
En la bancada del PAN, la opinión fue similar. El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres señaló que estaban a favor del combate al fraude y la suplantación de instituciones; sin embargo, pidió una redacción precisa en la ley con respecto a la escala comercial, la intención de cometer ilícito sobre origen oficial y sobre la identidad gráfica: «Cuando está en juego la libertad de una persona, estas respuestas deben estar expresamente en la ley».
Por su parte, la diputada morenista Carina Piceno negó las acusaciones y señaló que hay tres requisitos para la consideración de delito: que se use la identidad gráfica o documentos oficiales, que sea a escala comercial y que sea para inducir al engaño. «Un meme que circula en redes sociales que hace reír, que critica, que ironiza sin venta y sin estafa, no reúne los extremos exigidos».
Llevan caso de Itzul Barrera a San Lázaro
Varios diputados y diputadas plantearon que la reforma tiene el objetivo de acallar las críticas hacia Morena por sus diversos escándalos relacionados con acusaciones de nexos con el narcotráfico, como los de Rubén Rocha Moya o las recientes controversias de «Andy» López Beltrán y Amílcar Olán. Sin embargo, MC usó un caso directamente relacionado con la materia. La legisladora Claudia Gabriela Salas llevó el caso de la diputada local de Morena, Itzul Barrera, quien denunció a Paco Navarrete, caricaturista político, por violencia política de género a raíz de un cartón satírico en el que se burló de la legisladora por un comentario en el que propuso poner un arancel del 70% al aguacate mexicano.
«No ocupamos otros ejemplos y ¿saben qué pasó? Que el tribunal falló a su favor. Le obligó a este monero a disculparse 15 días seguidos en Twitter. Así de absurdo como se escucha. Esa es la represión que quieren poner», señaló desde el Pleno de la Cámara.
