En los pasillos de Viaducto Tlalpan, la pregunta ya no es si Guadalupe Taddei resiste, sino cuánto costaría su salida. La cita del viernes en Bucareli no fue de cortesía. Tampoco pasó inadvertido el tono desde Palacio Nacional, donde se insistió en que en el INE no debe existir «ninguna sombra» de corrupción. Ni la investigación de oficio que abrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) horas después. Cuando Gobernación convoca, la Auditoría reacciona y la mañanera toma distancia; en política, eso tiene un nombre.
En público, la consejera presidenta afirma que no va a renunciar. En privado, según quienes la frecuentan, lo que se discute son los términos: tiempos, forma, una salida que no parezca derrota y algún blindaje frente a lo que encuentren la ASF y el Órgano Interno de Control. Nadie negocia lo que no está en juego. Por eso en el Consejo General ya se hacen cuentas. El artículo 41, Base V, Apartado A de la Constitución establece que el consejero presidente lo elige la Cámara de Diputados por dos terceras partes y que, ante una falta absoluta, el sustituto concluye el periodo de la vacante. En este caso, hasta 2032. Y el artículo 41 de la LGIPE es claro: ante la ausencia definitiva, son los propios consejeros quienes nombran, de entre ellos, al presidente provisional, y lo comunican de inmediato a San Lázaro.
Ahí está el detalle. Quien quede como provisional conducirá el arranque del proceso rumbo a 2027 y llegará en la ‘pole position’ a la designación definitiva. De ahí que los nombres ya circulen: Arturo Castillo, que pidió aclarar el nexo con el proveedor; Carla Humphrey, una voz crítica de la concentración de poder en la presidencia; Jorge Montaño y Frida Gómez, que llamaron a la mesura. Cada uno, con su propio bloque. En San Lázaro, mientras tanto, el oficialismo tiene los votos para decidir el relevo definitivo. La moneda está en el aire. Y en el INE, quien negocia su salida suele negociar también quién llega.
