El sistema de verificación vehicular ha sido calificado históricamente como un rotundo fracaso en el control de emisiones, una realidad que persiste desde la época del PRI hasta las administraciones actuales. Pese a las constantes denuncias de irregularidades, este esquema se mantiene vigente en la llamada Cuarta Transformación, funcionando prácticamente como una moneda de cambio política.

Recientemente, informes señalan la existencia de una supuesta red de corrupción en el Estado de México. Esta red implicaría directamente a José Couttolenc, secretario general del Partido Verde en la entidad, a Alhely Rubio Arronis, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a diversos funcionarios de dicha institución. Las versiones apuntan a que Raúl Piña Horta, titular de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, habría estructurado un cuerpo de inspectores dedicado a extorsionar mensualmente a los dueños de los Centros de Verificación Vehicular, logrando recaudar sumas millonarias.

De acuerdo con estas acusaciones, cada uno de los 168 verificentros autorizados en el estado debe aportar 80 mil pesos mensuales, adicionales al costo de su concesión. Esto se traduce en un flujo de efectivo ilícito que ronda los 13 millones de pesos al mes. En la cotidianidad, el proceso oficial a través del portal de Citas Verificación Edomex es ignorado por completo: cualquier automovilista puede presentarse sin cita y obtener su holograma pagando el denominado «brinco», un soborno que oscila entre 200 y 400 pesos.

La situación llega al extremo de que en varios centros se impone una tarifa fija de entre 700 y 800 pesos por el holograma tipo 1, incrementándose según las características del coche. Esta práctica es descrita por los afectados como una extorsión institucionalizada, ya que se ven forzados a pagar para garantizar la aprobación del trámite. Ante la magnitud de este esquema, que anualmente extrae más de 156 millones de pesos de los ciudadanos, queda en el aire la incógnita de si la gobernadora Delfina Gómez tiene conocimiento de estos graves hechos.

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