El Instituto Nacional Electoral (INE) destinó 6 millones 279 mil pesos al pago de honorarios de ocho personas cuyos servicios no pudieron ser comprobados con la documentación requerida ante el Órgano Interno de Control (OIC), y esos pagos se mantuvieron durante la gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei.

Según El Universal, los trabajadores pertenecían a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y cobraron honorarios entre enero de 2023 y septiembre de 2025. Taddei llegó a la Presidencia del INE en abril de 2023, y la auditoría quedó cerrada el 30 de enero de 2026.

INE debe aclarar más de 6 mdp por ocho prestadores

De los ocho casos, cuatro estaban en la Dirección Ejecutiva de Administración, donde los trabajadores cumplían funciones de consultoría técnica y funcional, desarrollo y coordinación de proyectos. Sus salarios netos quincenales oscilaban entre 22 mil y 47 mil pesos. Por el periodo laborado entre 2023 y 2025, el Órgano Interno de Control identificó un monto por aclarar de 5 millones 606 mil 725 pesos.

Los otros cuatro trabajadores estaban en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y realizaban labores de gestión documental, información jurídica, revisión documental registral y liderazgo de proyectos. En estos casos, los honorarios devengados durante 2023, 2024 y 2025 sumaron un monto por aclarar de 673 mil 231 pesos. En total, el instituto debía aclarar 6 millones 279 mil 956 pesos a más tardar el 18 de marzo de 2026.

La auditoría indicó que los responsables de la DERFE supervisaron deficientemente a cuatro prestadores de servicios por honorarios permanentes, ya que no entregaron los informes de actividades exigidos.

El documento no concluye que los servicios no se hayan prestado en todos los casos. Lo que señala es que el INE no consiguió acreditarlos documentalmente conforme a las reglas que tiene para comprobar el pago de honorarios permanentes.

Auditoría detecta otras irregularidades en el INE

La auditoría DAA/03/ESP/2025 también halló inconsistencias relacionadas con los perfiles de los trabajadores, sus expedientes, la comprobación de actividades y la documentación empleada para acreditar el devengo de los honorarios.

En la DERFE se identificaron 43 inconsistencias documentales, mientras que en la Dirección Ejecutiva de Administración fueron 27. Los hallazgos estuvieron vinculados principalmente con la falta de informes o evidencia que permitiera comprobar las actividades del personal contratado por honorarios.

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional registró otras 15 inconsistencias relacionadas con diferencias entre los perfiles para los que fueron contratadas algunas personas y las actividades que reportaron. Uno de los casos corresponde a una persona contratada como «analista de viáticos y pasajes», pero cuyos informes mensuales indicaban que realizaba trabajos de cerrajería y revisión física de mobiliario.

En la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se encontraron 27 irregularidades relacionadas con funciones que no quedaron suficientemente acreditadas, mientras que en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica se detectaron 26 diferencias entre los perfiles y las actividades reportadas.

Nueve prestadores de la UTF acreditaron solo parte de sus funciones

La auditoría también revisó a nueve personas adscritas a la Unidad Técnica de Fiscalización que fueron contratadas por honorarios.

Aunque esta área presentó los informes correspondientes, el OIC determinó que la existencia de esos documentos no necesariamente demostraba el cumplimiento de todas las funciones previstas en la Cédula de Descripción de Actividades y Perfil de Puesto. El órgano de control concluyó que los prestadores acreditaron parcialmente el cumplimiento de las funciones específicas establecidas para sus puestos.

De acuerdo con la auditoría, los informes presentados de manera quincenal o mensual no evidenciaban el desarrollo de diversas funciones contempladas en las cédulas durante el periodo revisado.