La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico este miércoles, ordenando a las autoridades del Estado de México actuar de inmediato contra el hacinamiento en el penal Neza-Bordo de Xochiaca. Entre las medidas ordenadas están impulsar beneficios preliberacionales, implementar un plan de acción y entregar informes periódicos a un juzgado.
El Pleno aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, que otorgó amparo a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y le reconoció interés legítimo para impugnar las condiciones del penal. Esto también abre la puerta para combatir situaciones similares en otros centros penitenciarios del país. El ponente señaló que el hacinamiento equivale a tratos crueles e inhumanos, lo que viola otros derechos de los internos.
Según informes oficiales citados en el proyecto, para noviembre del año pasado el penal albergaba a 5,823 internos en un espacio para 1,834, lo que representa una sobrepoblación del 217.5%.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa subrayó que este diagnóstico permite a la Corte debatir constitucionalmente la situación de las personas privadas de libertad, pero no de su dignidad. Señaló que detrás de cada número hay una persona con nombre, familia, historia y derechos que el Estado debe garantizar.
Durante el debate, el ponente aceptó la propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo de ordenar a la autoridad penitenciaria evaluar cada caso para determinar si los internos pueden acceder a beneficios como libertad condicionada o anticipada. Espinosa aclaró que no se trata de liberar de forma indiscriminada ni de sustituir a los jueces, sino de que las autoridades ejerzan sus facultades legales para reducir el hacinamiento.
La ministra Lenia Batres votó a favor del proyecto, pero se opuso a reconocer el interés legítimo del órgano defensor, pues consideró que no puede representar a los internos sin conocer su opinión.
El Estado de México es la entidad con mayor concentración penitenciaria del país. Aunque el fallo se centra en Neza-Bordo, la Corte también responsabilizó a la gobernadora Delfina Gómez, la Secretaría de Seguridad estatal, la Subsecretaría de Control Penitenciario y la dirección del penal. Estas autoridades deberán cesar de inmediato las omisiones que agravan el hacinamiento, diseñar un plan multidisciplinario en un plazo máximo de seis meses y rendir informes trimestrales al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México.
