El 22 de agosto, el Congreso estatal recibió el documento oficial mediante el cual el gobernador Rubén Rocha Moya solicita, una vez más, separarse temporalmente de su cargo. La petición plantea una licencia que, aunque se define como temporal, carece de fecha de conclusión y se extiende por un lapso mayor a 30 días.
En el oficio dirigido a la Diputación Permanente, el mandatario expone textualmente su petición ante el Poder Legislativo para que se le conceda este permiso. Al no especificar un día concreto para su retorno, la licencia adquiere un carácter abierto, pese a su denominación provisional.
Esta nueva solicitud llega apenas días después de que Rocha Moya retomara sus funciones ejecutivas, luego de haber estado ausente 112 días. Su anterior licencia, tramitada el 1 de mayo, finalizó cuando el gobernador decidió reincorporarse, argumentando que las indagatorias de la Fiscalía no habían arrojado pruebas que lo vincularan con ilícito alguno.
El regreso del mandatario, sin embargo, no pasó desapercibido en la esfera política. Tanto el Gobierno Federal como Morena se apresuraron a deslindarse. La Secretaría de Gobernación calificó la reincorporación como una determinación estrictamente personal, mientras que la dirigencia de Morena aseguró no haber sido notificada ni consultada previamente. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales, fue más allá y exhortó al gobernador a reconsiderar su postura y alejarse del cargo para facilitar que la FGR culminara sus pesquisas. En la misma línea, Citlalli Hernández subrayó que la decisión no fue consensuada con el partido y enfatizó que nadie está exento de la ley.
Ante el creciente cerco político, Rocha Moya terminó por ceder y presentó la nueva licencia el 22 de agosto, separándose de nuevo de la gubernatura por tiempo indefinido (pero con carácter temporal), sin que hasta ahora se haya fijado un plazo para su hipotética vuelta.
