Con los votos de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó esa noche en lo particular la minuta de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), la cual la oposición insistió en calificar como una ley antimemes, mientras que el bloque mayoritario la defendió como una herramienta para combatir la piratería y los fraudes cometidos mediante el uso de emblemas institucionales en páginas apócrifas de internet.
Tras casi 10 horas de discusión, el documento fue aprobado con 281 votos a favor —de Morena, el PT y el PVEM— y 83 en contra —del PRI, PAN y MC—, y se remitió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.
Aunque se presentaron 177 reservas, expresadas por 64 oradores, ninguna fue admitida para su discusión, en particular la que, en distintos tonos, plantearon diputados de oposición para precisar que la reforma no sancionará cartones periodísticos ni memes, ni afectará la libertad de expresión.
Por la tarde, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, explicó que esa petición técnicamente no es viable, pues en una ley de carácter general no se pueden incluir particularidades ni dividirla para un sector. Afirmó que la ley no perseguirá a moneros ni a periodistas.
«Nunca se va a aplicar en contra de un periodista, si no hay delito alguno», expresó Monreal.
Precisamente, a lo largo del debate, uno de los puntos que generó mayor controversia fue la redacción del artículo 403 bis de la LFPPI, en el cual se busca sancionar a quien «utilice, reproduzca, imite o incorpore —a escala comercial— la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, con la intención de inducir a error o engaño para cometer un ilícito».
A quienes incurran en ese delito se les impondrían penas de uno a cinco años de cárcel y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización, esto es, entre 117 mil pesos y un millón 173 mil pesos.
En defensa de la minuta, Elena Edith Segura (Morena) aseguró que en el citado artículo queda claro que solo se castigará a quien use identidad gráfica institucional o documentos oficiales, lo haga a escala comercial —es decir, para obtener ganancias— y su objetivo sea inducir a error o engaño para cometer un delito, en particular el fraude.
Por su parte, el panista Luis Agustín Rodríguez Torres hizo ver que esa redacción es ambigua y deja preguntas sin responder.
«¿Qué comprende exactamente la identidad gráfica institucional? ¿Un logotipo, una tipografía? ¿Cómo se determina la escala comercial cuando hablamos de documentos y comunicaciones gubernamentales? ¿Y qué significa con precisión la expresión: ‘intención de cometer ilícitos sobre el origen oficial’? Cuando está en juego la libertad de una persona, estas respuestas deben estar expresamente en la ley», recalcó.
De igual forma, la oposición insistió en que, para evitar posibles conflictos legales, muchos creadores recurrirán a la autocensura, y en ese sentido los cambios legales sí afectarían la sátira, la parodia y la crítica política.
Cuestionaron por qué el bloque de mayoría se resistió a incluir un párrafo para especificar que las sanciones no aplicarían para quienes generen contenidos artísticos, periodísticos o educativos.
