Ley de Economía Digital — Con el respaldo de 330 diputados de Morena y sus aliados, y 122 votos en contra, este martes el Pleno en San Lázaro dio su aprobación en lo general para avanzar en la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con lo que se establecerá un nuevo marco jurídico destinado a promover la implementación de pagos electrónicos y digitales en lugar del efectivo en todo el país. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el morenista Carol Antonio Altamirano, señaló que «se trata de una nueva ley de vanguardia e innovadora que propone ampliar y facilitar el uso de los pagos digitales mediante una implementación gradual, mayor seguridad, menores costos para las personas usuarias y mejores mecanismos de control y recaudación».
Resaltó que esta reforma «contempla mecanismos como el uso del CURP y el expediente digital. Concentrar información de esta naturaleza exige garantías sólidas para evitar su uso indebido. La innovación no puede avanzar a costa de la privacidad ni la seguridad de las personas».
«En el contenido del dictamen se establece que, en la contratación digital de servicios financieros, la CURP Digital será aceptada como un mecanismo de confianza, y que las personas usuarias podrán utilizarla ante las entidades como mecanismo de identificación oficial para la contratación de servicios financieros», explicó.
La iniciativa plantea aprovechar herramientas que ya operan en México, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y Cobro Digital (CoDi), para facilitar las transacciones entre personas, comercios y prestadores de servicios. En su momento, el Gobierno Federal señaló que la digitalización de los pagos busca contribuir a la seguridad, mejorar la eficiencia de las operaciones y facilitar la formalización de comercios. También contempla ampliar los pagos digitales en los distintos niveles de gobierno.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Claudia Ruiz Massieu, dijo que «la atribución que se pretende otorgar a la Secretaría de Hacienda es inconstitucional. Y algo quizá más grave, el dictamen cruza una línea que la norma suprema estableció hace más de tres décadas, la autonomía del Banco de México», destacó.
